Los traslados de colegios y las bajas por depresión son
las salidas más habituales para evitar al maltratador
Los docentes denuncian que la Administración no apoya
Luis Wulff quedó encerrado en su despacho por el padre de
un ex alumno del IES Montevives de Las Gabias el pasado mayo de
2005. Allí fue insultado, zarandeado y amenazado. En 29 años
como profesor «nunca había sufrido un espectáculo
tan denigrante». Lo más parecido: «Cuando en
tiempos de Franco fui encarcelado diez días». Este
suceso ha marcado un antes y un después en su vida: «Sufres
la impotencia y la injusticia en primera persona. Resulta humillante
y cuesta mucho levantar el vuelo».
El alumno pidió el traslado de instituto y nunca más
se han cruzado las caras este profesional y el padre del escolar.
No es lo normal. El 90% de los agresores -alumnado o padres- apenas
sufre represalias, mientras los profesores o los otros escolares
agredidos se ven forzados a cambiar de centro o hundirse en una
fuerte depresión hasta reincorporarse a las aulas.
«La máxima sanción para el alumno es la expulsión
durante un mes, y si se trata de un padre el centro sólo
puede denunciar el hecho». Las palabras pertenecen al presidente
de la Junta de Personal Docente -órgano representativo del
profesorado granadino de la enseñanza pública-, José
Antonio Mesa, quien reconoce que «la casi totalidad, más
del 90% de estos agresores, queda impune». Ni siquiera la
Administración educativa se persona como acusación
particular, sólo presta su gabinete jurídico al afectado.
La Consejería de Salud sí denuncia de motu propio
cualquier agresión a sus trabajadores: una forma sutil y
elegante de evitarle más problemas al asalariado.
Los casos de violencia contra profesores que han trascendido desde
mayo de 2004 hasta enero de 2006 suman nueve y los de acoso escolar
tres. El balance de estos sucesos arroja un saldo escalofriante:
sólo dos alumnos cambiaron de centro, el resto continúa
en el mismo IES o colegio. En los casos de padres agresores sólo
uno está acusado de cometer delito, lo cual conlleva una
pena de prisión pero inferior a los dos años no obligándole
a ingresar en un penal.
Sin respaldo
«El profesorado no dispone de suficiente respaldo ante estas
agresiones. Muchos no denuncian para protegerse de posibles represalias»,
explica Luis Wulff, director del IES Montevives de Las Gabias. Este
director denuncia la carencia de medios humanos que sufren estos
centros y la impunidad de la que disfrutan los menores que impiden
al profesorado desarrollar su ejercicio docente. «La Justicia
debería crear juzgados especializados para tratar los temas
de violencia escolar. Y la administración debería
dar soluciones efectivas para los escolares que no quieren continuar.
La mayoría de los agresores son chavales que no quieren estudiar
y son bastante absentistas».
José Antonio Mesa recuerda que la Consejería de Educación
aún no ha adoptado ninguna medida para mitigar las agresiones
en los centros educativos. «Se habla de crear observatorios
y de planes de convivencia, pero seguimos igual que en 2004».
Las reivindicaciones: contratación de más personal
no docente como mediadores culturales o educadores sociales, ratios
más bajas en centros ubicados en barriadas marginadas así
como planes específicos, y programas de cualificación
profesional para menores de 16 años.
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